Hay cosas que no puedo mirar con liviandad. Una de ellas es la idea de que una potencia extranjera pueda “invadir”, “liberar” o “forzar un cambio” político en otro país. En el caso más reciente, la intromisión en Venezuela, perpetrada por Donald Trump.
Aclaro algo de entrada porque en redes parece obligatorio, aunque no viene para nada al caso: no se trata de defender al gobierno venezolano de Maduro. No pasa por simpatías o antipatías ideológicas. Se trata de algo mucho más básico: el derecho de los pueblos a decidir su propio destino sin que les caiga encima un ejército extranjero o un presidente extranjero jugando al TEG geopolítico.
La autodeterminación de los pueblos no es una consigna linda para discursos progresistas sino un principio jurídico central del derecho internacional. Está en la Carta de la ONU y quizás más que en cualquier otro continente, escrito con sangre en la historia de la región latinoamericana. Cada vez que alguien desde Washington decidió que en el sur “había que ordenar las cosas”, USA apoyó dictaduras y se encargó desde la Escuela de las Américas de dar todo el entrenamiento necesario para desplegar el terrorismo de estado en los países de nuestro continente.
Por eso me resulta tan preocupante la falsa dicotomía que plantean muchos medios hegemónicos entre apoyar a Maduro o apoyar su secuestro. Defender la autodeterminación de Venezuela no implica negar sus problemas internos, pero la experiencia nos dice que las salidas reales, las que perduran, son internas.
Como abogado, hay algo que me alarma al extremo, la naturalización de estas prácticas y la falta de reglas. Si el derecho internacional se usa solo cuando conviene y se ignora cuando estorba al momento de alcanzar un objetivo, deja de ser derecho. Se vuelve una ficción. Entramos en una etapa de anomia, donde las reglas justas son sustituidas por la voluntad del poder del más fuerte.
La invasión de USA en Venezuela debe condenarse, independientemente de los motivos que la hayan inspirado.